En un movimiento clave para la regulación financiera, la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha anunciado una serie de cambios significativos en relación con las criptomonedas. Este ajuste normativo busca abordar el crecimiento explosivo
Tendencias25/03/2024
Alberto Diaz
En un movimiento clave para la regulación financiera, la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha anunciado una serie de cambios significativos en relación con las criptomonedas. Este ajuste normativo busca abordar el crecimiento explosivo de las transacciones en criptoactivos y fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el país.
Una de las principales medidas adoptadas es la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Esta iniciativa obliga a todas las empresas y personas físicas que operan con criptomonedas a inscribirse en un plazo de 45 días. La resolución correspondiente, la Resolución General 994/2024, fue publicada recientemente en el Boletín Oficial.
El registro abarcará a todas las personas físicas y jurídicas que dirijan su oferta y/o publicidad a residentes en Argentina a través de páginas web, redes sociales u otros medios, así como aquellos que realicen un volumen significativo de operaciones en el país o reciban fondos localmente de residentes argentinos. El objetivo principal es prestar especial atención al riesgo asociado con las transacciones en monedas virtuales y garantizar que se cumplan los estándares de conocimiento del cliente.
La resolución también establece que un activo digital se define como una representación digital de valor que se puede comercializar, transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones, excluyendo las monedas de curso legal y fiduciarias.
La CNV ejercerá diversas atribuciones en relación con los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, incluyendo supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción, conforme a la Ley N° 26.831 y sus normas complementarias.
Se exceptuará del registro a aquellos que realicen actividades por un monto menor a los 35.000 UVAs en el mes calendario, equivalente a casi $27 millones. Esta medida se implementa en un contexto en el que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está evaluando las políticas argentinas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La CNV destaca la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías y servicios relacionados con los activos virtuales para cumplir con los estándares internacionales, particularmente la Recomendación 15 del GAFI.
Según la Ley N° 25.246, se considera Proveedor de Servicios de Activos Virtuales a toda persona física o jurídica que realice actividades comerciales como el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos virtuales, la custodia y/o administración de estos activos, así como la participación en la provisión de servicios financieros relacionados con los mismos.
En resumen, la nueva regulación en Argentina busca adaptarse al crecimiento del mercado de criptomonedas y fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de activos, alineándose con estándares internacionales y asegurando un mayor control sobre las operaciones en este sector en constante evolución.
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