Las autoridades paraguayas, lideradas por la ANDE, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, han decidido unirse para combatir enérgicamente las conexiones ilegales utilizadas por los mineros de Bitcoin. Esta iniciativa surge como respue
Bitcoin20/03/2024
Alberto Diaz
Las autoridades paraguayas, lideradas por la ANDE, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, han decidido unirse para combatir enérgicamente las conexiones ilegales utilizadas por los mineros de Bitcoin. Esta iniciativa surge como respuesta a las pérdidas económicas ocasionadas al Estado debido al robo de electricidad para alimentar las operaciones mineras de criptomonedas.
En una reciente reunión, representantes clave del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay acordaron coordinar esfuerzos para erradicar estas prácticas ilegales. Como parte de este acuerdo, se establecerá un «Convenio de Cooperación Interinstitucional» que facilitará la colaboración entre las entidades para perseguir y castigar a los mineros clandestinos de Bitcoin.
La postura de las autoridades paraguayas en contra de la minería ilegal de Bitcoin cuenta con el respaldo de la Cámara Paraguaya de Fintech. Esta institución ha expresado repetidamente su oposición a las operaciones mineras no autorizadas, abogando en su lugar por prácticas reguladas que cumplan con la ley.
La creciente preocupación de las autoridades paraguayas por la minería ilegal de Bitcoin refleja la expansión de esta actividad desde el año 2019, aprovechando los recursos hidroeléctricos disponibles en el país. Según datos de la ANDE, desde entonces se han presentado 60 denuncias penales contra mineros clandestinos, con acciones que incluyen imputaciones e incautaciones de equipos.
Desde el año 2023, se han llevado a cabo 43 intervenciones, resultando en una potencia total intervenida de 90 MW, lo que equivale a cuatro veces la demanda eléctrica de la ciudad de Villarica.
Recientemente, la ANDE informó sobre el desmantelamiento de una granja minera de Bitcoin que operaba ilegalmente, confiscando 723 equipos ASIC y 3 transformadores eléctricos. Estos elementos se encuentran bajo resguardo como pruebas a solicitud del fiscal interviniente.
La granja estaba operada por Albino González Villalba, quien tiene vínculos con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una destacada agrupación política en Paraguay. González Villalba, actual concejal municipal de Villa Elisa, ha sido previamente imputado por delitos relacionados con el hurto agravado.
Joaquín Morinigo, miembro de la comunidad paraguaya de Bitcoin, cuestiona el destino de los recursos generados por los contratos legales de minería de Bitcoin. Aunque la ANDE ha otorgado 50 contratos a empresas mineras que operan de manera legal, se plantea la duda sobre la inversión de los fondos recaudados, especialmente considerando que no se están destinando a mejoras evidentes en el servicio eléctrico.
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